Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe,
reunidos  en Convención Constituyente con el objeto de organizar los
poderes públicos  y  consolidar  las  instituciones  democráticas  y
republicanas  para  asegurar  los derechos fundamentales del hombre;
mantener la  paz  interna;  afianzar    la  justicia;  estimular  y
dignificar  el  trabajo;  proveer  a  la  educación  y  la  cultura;
fomentar  la  cooperación  y  solidaridad  sociales;    promover  el
bienestar  general; impulsar el desarrollo económico bajo  el  signo
de la justicia social;  afirmar  la  vigencia del federalismo y del
régimen municipal; y garantir en todo el  tiempo  los  beneficios de
la libertad para todos los habitantes de la Provincia, invocando  la
protección  de  Dios,  fuente  de toda razón y justicia, sancionamos
esta Constitución. 

     ARTICULO  1.  La Provincia de Santa Fe, como miembro del Estado
federal argentino, y  con  la  población  y  el  territorio  que por
derecho  le  corresponden,  organiza sus instituciones fundamentales
conforme a los principios democráticos, representativo y 
republicano,  de  la sumisión  del  Estado  a  las  propias  normas
jurídicas en cualquier campo de su  actividad  y  de  los deberes de
solidaridad  recíproca  de  los  miembros  de  la  colectividad,  de
acuerdo  con  las  condiciones  y  limitaciones  emergentes   de  la
Constitución Nacional. 

Ref. Normativas: 
Constitución Nacional (1853)

     ARTICULO  2. El pueblo, y los órganos del Estado que él elige y
ejercen  la  potestad    de    gobierno,  desempeñan  sus  funciones
respectivas en las formas y con  los  límites  que  establecen  esta
Constitución  y las leyes dictadas en su consecuencia. Ningún sector
del pueblo, ni  persona  alguna,  puede  atribuirse legítimamente su
ejercicio. 

     ARTICULO  3.  La  religión  de  la  Provincia  es  la Católica,
Apostólica  y  Romana,  a  la  que  le  prestará  su  protección más
decidida,  sin  perjuicio  de  la  libertad religiosa que gozan  sus
habitantes. 

     ARTICULO  4. Las autoridades que ejercen el Gobierno Provincial
residen  en  la  ciudad  de  Santa  Fe,  Capital  de  la  Provincia. 

     ARTICULO  5.  El  gobierno  de la Provincia provee a los gastos
públicos  con  los fondos provenientes  de  las  contribuciones  que
establezca la ley;  de  las  rentas  producidas  por  sus  bienes  y
servicios;  de  la  enajenación  de  bienes de su pertenencia; de la
propia actividad económica que realice;  y  de  las  operaciones  de
crédito que concierte.  
Todos  los  habitantes de la Provincia están obligados a concurrir a
los gastos públicos  según  su  capacidad  contributiva.  El régimen
tributario    puede    inspirarse  en  criterios  de progresividad. 

     ARTICULO  6.  Los  habitantes  de  la  Provincia,  nacionales y
extranjeros,  gozan  en  su  territorio  de  todos  los  derechos  y
garantías que les reconocen la Constitución Nacional y la  presente,
inclusive  de  aquellos  no  previstos  en  ambas y que nacen de los
principios que las inspiran. 

Ref. Normativas: 
Constitución Nacional (1853)

     ARTICULO  7. El Estado reconoce a la persona humana su eminente
dignidad y todos  los  órganos  del  poder público están obligados a
respetarla y protegerla.  
El individuo desenvuelve libremente su  personalidad,  ya  en  forma
aislada,  ya  en  forma  asociada,  en  el ejercicio de los derechos
inviolables que le competen.  
La  persona  puede  siempre  defender  sus  derechos    e  intereses
legítimos,  de  cualquier naturaleza, ante los poderes públicos,  de
acuerdo con las leyes respectivas.  
Los derechos fundamentales  de  libertad y sus garantías reconocidos
por esta Constitución son directamente operativos. 

     ARTICULO  8.  Todos  los habitantes de la Provincia son iguales
ante la ley.  
Incumbe  al  Estado remover los  obstáculos  de  orden  económico  y
social que, limitando  de  hecho  la  igualdad  y la libertad de los
individuos, impidan el libre desarrollo de la persona  humana  y la
efectiva  participación  de  todos  en la vida política, económica y
social de la comunidad. 

     ARTICULO  9. Ningún habitante de la Provincia puede ser privado
de su libertad corporal,  o  sometido  a  alguna  restricción  de la
misma,  sino  por disposición de autoridad competente y en los casos
y condiciones previstos por la ley.  
Toda persona que  juzgue  arbitraria  la privación,  restricción  o
amenaza  de  su libertad corporal, puede ocurrir ante cualquier juez
letrado, por sí  o  por intermedio de cualquier otra que no necesita
acreditar mandato, para  que  la haga comparecer ante su presencia y
examine sumariamente la legalidad  de  aquéllas  y  ,  en  su  caso,
disponga su inmediata cesación.  
Ninguna  detención  puede  prolongarse por más de veinticuatro horas
sin darse aviso al juez competente  y  ponerse  a  su disposición al
detenido,  ni  mantenerse una incomunicación por más de  cuarenta  y
ocho  horas,  medida  que cesa  automáticamente  al  expirar  dicho
término, salvo prórroga por auto motivado del juez.  
Queda proscripta  toda  forma  de violencia física o moral sobre las
personas  sometidas  a  privación  o   restricción  de  su  libertad
corporal.  
Nadie puede ser penado sino en virtud de  un proceso y de una típica
definición de una acción u omisión culpable previamente 
establecidos  por  la  ley,  ni  sacado  del  juez  constituido  con
anterioridad  por  ésta,  ni  privado del derecho de  defensa.  
No  se  puede  reabrir  procesos  fenecidos,  sin  perjuicio  de la
revisión favorable de sentencias penales  en los casos previstos por
la  ley  procesal.  Cuando  prospere  el  recurso  de  revisión  por
verificarse la inocencia del condenado, la  Provincia  indemniza los
daños que se le hubieren causado.  
Las cárceles serán sanas y limpias y adecuadas para la 
readaptacción social de los internados en ellas.  
No  se alojará a encausados juntamente con penados y los  procesados
o condenados  menores  de diez y ocho años y las mujeres lo serán en
establecimientos especiales.  
La ley propende a instituir  el  juicio  oral  y  público en materia
penal. 

    ARTICULO 10. El domicilio es inviolable. No se puede efectuar en
él registros,  inspecciones  o secuestros sino en los casos y en las
condiciones que fije la ley.  
Son  igualmente  inviolables  la    libertad  y  el  secreto  de  la
correspondencia  y  de  todo  otro  medio   de comunicación  y  sus
restricciones pueden realizarse sólo cuando  la  ley  las autorice y
con sus garantías.  
Los   habitantes  de  la  Provincia  pueden  permanecer  y  circular
libremente en su territorio. 

     ARTICULO 11. Todo individuo tiene derecho a expresar y difundir
libremente  su  pensamiento  mediante  la  palabra oral o escrita, o
cualquier otro medio de divulgación. El cultivo  de la ciencia y del
arte  es  libre. Queda garantido el derecho de enseñar  y  aprender.
  
La prensa no  puede  ser  sometida a autorizaciones o censuras, ni a
medidas indirectas restrictivas  de  su  libertad.  Una ley especial
asegura este derecho y define y reprime los abusos que  por medio de
ella  pueden  cometerse.  En tanto esta ley no se dicte, los  abusos
que importen delitos comunes  según  el  Código Penal son castigados
conforme  a  éste, sin perjuicio de la obligación  de  resarcir  los
daños causados.  No puede clausurarse las imprentas, ni secuestrarse
sus  elementos, como  instrumentos  del  delito,  mientras  dure  el
proceso.  
Las personas  que  se  consideren  afectadas  por  una  publicación
periodística  tienen  el  derecho de réplica gratuita, en el lugar y
con la extensión máxima de  aquélla, con recurso, de trámite sumario
 en caso de negativa, ante la justicia ordinaria. 

Ref. Normativas: 
Código Penal

     ARTICULO 12. Todos gozan del derecho a la libre profesión de su
fe religiosa  en  forma individual o asociada, a hacer propaganda de
ella y a ejercer el  culto  en  público  o  privado,  salvo  que sea
contrario  al  orden  público o a las buenas costumbres. No se puede
suprimir  o  limitar  el  ejercicio   de  un  derecho  en  razón  de
profesarse determinada religión. 

     ARTICULO  13.  Los habitantes de la Provincia pueden libremente
reunirse en forma pacífica,  aun en locales abiertos al público. Las
reuniones en lugares públicos  están  sometidas al deber de preaviso
a la autoridad, que puede prohibirlas sólo  por  motivos  razonables
de  orden o interés público con anticipación no menor de cuarenta  y
ocho horas.  
Pueden    también  asociarse  libremente  con  fines  lícitos.  
Gozan  igualmente    del  derecho  de  petición  a  las  autoridades
públicas, en defensa de intereses propios o generales. 

     ARTICULO  14. Todos tienen derecho a ejercer, según las propias
posibilidades y  la  propia  elección, una actividad o profesión que
concurra al progreso material  o  espiritual  de la sociedad, en las
condiciones que establezca la ley.  
Pueden, asimismo, tener acceso a los cargos públicos  en condiciones
de    igualdad,   según  los  requisitos  que  se  determinen.  
Ninguna prestación  personal de servicios al Estado es exigible sino
en virtud de la ley. 

     ARTICULO  15.  La  propiedad  privada es inviolable y solamente
puede ser limitada con el fin que cumpla  una  función  social. 
El Estado puede expropiar bienes, previa indemnización, por  motivos
de interés general calificado por ley.  
La iniciativa económica de los individuos es libre. Sin embargo,  no
puede  desarrollarse en pugna con la utilidad social o con mengua de
la seguridad,  libertad  o  dignidad humana. En este sentido, la ley
puede  limitarla, con medidas  que  encuadren  en  la  potestad  del
gobierno local.  
Ninguna  prestación  patrimonial  puede ser impuesta sino conforme a
la ley. 

     ARTICULO  16. El individuo tiene deberes hacia la comunidad. En
el ejercicio de  sus  derechos  y  en  el disfrute de sus libertades
puede quedar sometido a las limitaciones,  establecidas  por  la ley
exclusivamente,  necesarias para asegurar el respeto de los derechos
y libertades ajenas  y  satisfacer las justas exigencias de la moral
y el orden público y del bienestar general. 

     ARTICULO  17.  Un  recurso jurisdiccional de amparo, de trámite
sumario, puede deducirse  contra  cualquier decisión, acto u omisión
de una autoridad administrativa provincial,  municipal  o comunal, o
de    entidades  o  personas  privadas  en  ejercicio  de  funciones
públicas, que  amenazare,  restringiere  o  impidiere,  de  manera
manifiestamente  ilegítima,  el  ejercicio de un derecho de libertad
directamente reconocido a las personas  en  la  Constitución  de  la
Nación  o  de  la  Provincia, siempre que no pudieren utilizarse los
remedios ordinarios sin  daÑo  grave  e irreparable y no existieren
recursos específicos de análoga naturaleza  acordados  por  leyes  o
reglamentos. 

Ref. Normativas: 
Constitución Nacional (1853)

     ARTICULO  18.  En  la  esfera  del derecho público la Provincia
responde hacia terceros de los daños  causados por actos ilícitos de
sus funcionarios y empleados en el ejercicio  de las actividades que
les competen, sin perjuicio de la obligación de  reembolso de éstos.
Tal responsabilidad  se rige por las normas del derecho  común,  en
cuanto fueren aplicables. 

Ref. Normativas: 
Constitución Nacional (1853)

      ARTICULO  19.  La  Provincia  tutela  la  salud  como  derecho
fundamental  del individuo e interés de la colectividad. Con tal fin
establece los  derechos y deberes de la comunidad y del individuo en
materia sanitaria  y  crea  la organización técnica adecuada para la
promoción, protección y reparación  de la salud, en colaboración con
la  Nación, otras provincias y asociaciones  privadas  nacionales  e
internacionales.  
Las actividades  profesionales  vinculadas  a  los  fines enunciados
cumplen una función social y están sometidas a la reglamentación de
la ley para asegurarla.  
Nadie  puede  ser  obligado  a un tratamiento sanitario determinado,
salvo por disposición de la ley,  que  en  ningún caso puede exceder
los  límites  impuestos  por  el  respeto  a  la  persona    humana. 

     ARTICULO 20. La Provincia, en la esfera de sus poderes, protege
el trabajo  en  todas  sus  formas  y aplicaciones y, en particular,
asegura  el goce de los derechos que la  Constitución  y  las  leyes
nacionales reconocen al trabajador.  
Reglamenta  las condiciones en que el trabajo se realiza, incluso la
jornada legal  de  trabajo,  y  otorga  una especial protección a la
mujer y al menor que trabajan.  
Cuida la formación cultural y la capacitación  de  los  trabajadores
mediante  institutos adecuados, tanto en las zonas urbanas  como  en
las rurales. 
Promueve y facilita la colaboración entre empresarios y 
trabajadores  y  la solución de sus conflictos colectivos por la vía
de la conciliación obligatoria y del arbitraje.  
Establece  tribunales    especializados  para  la  decisión  de  los
conflictos individuales del  trabajo, con  un procedimiento breve y
expeditivo,  en  el cual la ley propende a introducir  la  oralidad.
  
La  ley  concede  el   beneficio  de  gratuidad  a  las  actuaciones
administrativas  y  judiciales    de   los  trabajadores  y  de  sus
organizaciones.  
La  Provincia otorga igual remuneración  por  igual  trabajo  a  sus
servidores. 

Ref. Normativas: 
Constitución Nacional (1853)

     ARTICULO  21.  El  Estado  crea las condiciones necesarias para
procurar a sus habitantes un nivel  de vida que asegure su bienestar
y  el  de  sus  familias,  especialmente  por  la  alimentación,  el
vestido, la vivienda, los cuidados médicos  y los servicios sociales
necesarios.  
Toda persona tiene derecho a la provisión de  los medios adecuados a
sus  exigencias  de  vida  si  estuviese  impedida  de   trabajar  y
careciese de los recursos indispensables. En su caso, tiene  derecho
a la readaptación o rehabilitación profesional.  
El  Estado  instituye  un  sistema  de  seguridad  social, que tiene
carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley  propende  al
establecimiento   del  seguro  social  obligatorio;  jubilaciones  y
pensiones móviles;  defensa  del  bien  de  familia  y  compensación
económica  familiar,  así  como  al de todo otro medio tendiente  a
igual finalidad. 

     ARTICULO  22.  La  Provincia  promueve,  estimula  y protege el
desarrollo  y  la difusión de la cultura en todas sus formas,  tanto
en sus aspectos universales como en los autóctonos, y la 
investigación en  el  campo  científico  y  técnico.  En particular,
facilita  a sus artistas, científicos y técnicos el desenvolvimiento
de  sus facultades  creadoras  y  el  conocimiento  popular  de  sus
producciones. 

     ARTICULO  23.  La Provincia contribuye a la formación y defensa
integral de la familia  y  al  cumplimiento  de las funciones que le
son  propias  con  medidas  económicas  o de cualquier  otra  índole
encuadradas en la esfera de sus poderes.  
Procura  que  el niño crezca bajo la responsabilidad  y  amparo  del
núcleo familiar.  
Protege en lo material  y  moral  la  maternidad,  la  infancia,  la
juventud y la ancianidad, directamente o fomentando las 
instituciones privadas orientadas a tal fin. 

     ARTICULO  24.  El  Estado  promueve y coopera en la formación y
sostenimiento  de  entidades privadas  que  se  propongan  objetivos
científicos, literarios,  artísticos,  deportivos, de asistencia, de
perfección técnica o de solidaridad de intereses. 

     ARTICULO  25.  El  Estado  provincial  promueve el desarrollo e
integración económicos de las diferentes zonas  de su territorio, en
correlación  con  la  economía  nacional,  y a este fin  orienta  la
iniciativa  económica  privada y la estimula mediante  una  adecuada
política tributaria y crediticia  y  la  construcción  de  vías  de
comunicación,  canales, plantas generadoras de energía y demás obras
públicas que sean necesarias.  
Facilita,  con  igual  propósito,  la  incorporación  de  capitales,
equipos,  materiales,    asistencia    tecnológica  y asesoramiento
administrativo  y, en general, adopta cualquier  medida  que  estime
conveniente. 

     ARTICULO  26.  La  Provincia  reconoce  la función social de la
cooperación  en  el campo económico, en sus diferentes  modalidades.
La ley promueve y  favorece  el  cooperativismo  con  los medios más
idóneos  y  asegura,  con  oportuna  fiscalización,  su  carácter y
finalidades. 

     ARTICULO  27. La Provincia estimula y protege el ahorro popular
en todas sus formas  y  lo orienta hacia la propiedad de la vivienda
urbana  y  del  predio  para  el  trabajo  rural  e  inversiones  en
actividades  productivas dentro  del  territorio  de  la  Provincia. 

    ARTICULO 28. La Provincia promueve la racional explotación de la
tierra  por  la colonización de las de su propiedad y de los predios
no explotados  o  cuya  explotación  no  se  realice  conforme  a la
función social de la propiedad y adquiera por compra o 
expropiación. 
Propende  a  la  formación, desarrollo y estabilidad de la población
rural por el estímulo  y  protección  del trabajo del campo y de sus
productos y el mejoramiento del nivel de  vida  de  sus  pobladores.
  
Facilita  la  formulación  y  ejecución  de planes de transformación
agraria para convertir a arrendatarios y aparceros  en  propietarios
y  radicar  a  los  productores  que  carezcan de la posibilidad  de
lograr por sí mismos el acceso a la propiedad  de  la  tierra.  
Favorece  mediante  el asesoramiento y la provisión de los elementos
necesarios el adelanto  tecnológico  de  la actividad agropecuaria a
fin de obtener una racional explotación del  suelo y el incremento y
diversificación de la producción.  
Estimula la industrialización y comercialización  de  sus  productos
por  organismos  cooperativos radicados  en las zonas de producción
que  faciliten su acceso directo a los mercados  de  consumo,  tanto
internos   como  externos,  y  mediante  una  adecuada  política  de
promoción,   crediticia  y  tributaria,  que  aliente  la  actividad
privada  realizada    con    sentido  de solidaridad  social.  
Promueve la creación de entes  cooperativos  que,  conjuntamente con
otros  organismos,  al realizar el proceso industrial  y  comercial,
defiendan el valor de  la  producción  del  agro de la disparidad de
los   precios  agropecuarios  y  de  los  no agropecuarios.    
Protege  el  suelo  de la degradación y erosión, conserva y restaura
la capacidad productiva de las tierras y estimula el 
perfeccionamiento  de   las  bases  técnicas  de  su  laboreo.  
Resguarda la flora y la  fauna  autóctonas  y  proyecta,  ejecuta y
fiscaliza planes orgánicos y racionales de forestación y 
reforestación. 

     ARTICULO  29.  Son  electores  todos  los ciudadanos, hombres y
mujeres,  que  hayan alcanzado la edad de diez  y  ocho  años  y  se
hallen inscriptos en el Registro Cívico Provincial.  
No pueden serlo  los  que  por  su condición, situación o enfermedad
están impedidos de expresar libremente  su  voluntad y los afectados
de indignidad moral.  
Los  extranjeros  son  electores  en  el orden municipal  y  en  las
condiciones que determine la ley.  
El  voto  es personal e igual, libre, secreto  y  obligatorio.  
La Legislatura  de  la  Provincia  dicta la  ley  electoral con las
garantías  necesarias  para asegurar una auténtica expresión  de  la
voluntad popular en el comercio,  con inclusión, entre otras, de las
siguientes:  1  la  autoridad  única  del   presidente  de  la  mesa
receptora  de  votos,  a  cuyas órdenes está la fuerza  pública;  2
comienzo  y conclusión de la  elección  dentro  del  día  fijado;  3
escrutinio  provisional  público,  en  seguida  de  cerrado  el acto
electoral  y  en la propia mesa, cuyo resultado se consignará en  el
acta, suscripta  por el presidente del comicio y fiscales presentes,
a quienes el primero  dará  certificado  de  dicho  resultado;  y  4
prohibición  del  arresto  de electores, salvo en flagrante delito o
por orden emanada de juez competente.  
Los partidos políticos concurren  a  la  formación y expresión de la
voluntad política del pueblo y todos los ciudadanos  son  libres  de
constituirlos o de afiliarse a ellos.  
La   ley  establece  la  composición  y  atribuciones  del  Tribunal
Electoral. 

     ARTICULO  30.  Todos  los  ciudadanos pueden tener acceso a los
cargos electivos en condiciones de  igualdad,  según  los requisitos
establecidos en cada caso por esta Constitución.  
Carecen  de  este  derecho  los inhabilitados para el ejercicio  del
sufragio.  
Los extranjeros  son  elegibles   en  el  orden  municipal  en  las
condiciones que determine la ley. 

     ARTICULO  31.  El Poder Legislativo de la Provincia es ejercido
por  la  Legislatura,  compuesta   de  dos  Cámaras:  la  Cámara  de
Senadores y la Cámara de Diputados.  
Los  miembros  de ambas Cámaras se reúnen  en  Asamblea  Legislativa
solamente  en  los  casos  y  para  los fines  previstos  por  esta
Constitución. La  asamblea es presidida por el vicegorbenador, en su
defecto por el presidente  provisional  del  Senado  y,  a  falta de
éste,  por  el  presidente de la Cámara de Diputados. Sus decisiones
son válidas si está  presente la mitad más uno de los legisladores y
se  adoptan  por  la  mayoría   absoluta  de  los  presentes,  salvo
disposición en contrario de esta  Constitución.  Dicta el reglamento
para el desempeño de sus funciones. 

     ARTICULO  32.  La  Cámara  de Diputados se compone de cincuenta
miembros elegidos directamente por  el pueblo, formando al efecto la
Provincia un solo distrito, correspondiendo  veintiocho diputados al
partido que obtenga mayor número de votos y veintidós  a  los  demás
partidos, en proporción de los sufragios que hubieren logrado. 
Los partidos  políticos incluirán en sus listas de candidatos por lo
menos uno con residencia en cada departamento.  
Juntamente con  los  titulares  se  eligen  diputados suplentes para
completar períodos en las vacantes que se produzcan. 

     ARTICULO  33.  Son  elegibles  para  el  cargo  de diputado los
ciudadanos  argentinos que tengan, por lo menos, veintidós  años  de
edad  y,  si no  hubieren  nacido  en  la  Provincia,  dos  años  de
residencia  inmediata en ésta, y, en su caso, dos años de residencia
inmediata en el departamento. 

     ARTICULO 34. Los diputados duran cuatro años en el ejercicio de
sus funciones y son reelegibles.  
Su mandato  comienza y termina simultáneamente con el del gobernador
y vicegobernador. 

     ARTICULO  35. La Cámara de Diputados elige anualmente entre sus
integrantes su presidente y sus reemplazantes legales. 

    ARTICULO 36. La Cámara de Senadores se compone de un senador por
cada  departamento  de  la  Provincia,  elegido  directamente por el
pueblo, a simple pluralidad de sufragios.  
Juntamente  con  los  titulares  se eligen senadores suplentes  para
completar períodos en las vacantes que se produzcan. 

     ARTICULO  37.  Son  elegibles  para  el  cargo  de  senador los
ciudadanos  argentinos  que  tengan,  por lo menos, treinta años  de
edad  y  dos  años  de  residencia  inmediata  en  el  departamento. 

     ARTICULO 38. Los senadores duran cuatro años en el ejercicio de
sus funciones y son reelegibles.  
Su mandato  comienza y termina simultáneamente con el del gobernador
y vicegobernador. 

     ARTICULO  39.  La  Cámara  de  Senadores  es  presidida  por el
vicegobernador   y,  en  caso  de  ausencia,  enfermedad,  renuncia,
muerte,  inhabilidad  física  o  mental  sobreviniente  de  carácter
permanente,  destitución  o  suspensión del mismo, o cuando se halle
en ejercicio del Poder Ejecutivo,  por un presidente provisional que
elige anualmente de su seno. El vicegobernador  sólo  tiene  voto en
caso de empate. 

    ARTICULO 40. Ambas Cámaras se reúnen anualmente por sí mismas en
sesiones  ordinarias desde el 1 de mayo hasta el 31 de octubre. 
Este período  es  susceptible  de  prórroga  hasta por un mes más en
virtud de decisión concorde de ambos cuerpos.  
El  Poder  Ejecutivo  las puede convocar a sesiones  extraordinarias
cuando lo juzgue necesario  y  sólo  para  tratar  los  asuntos  que
determine.  
Las Cámaras pueden también convocarse a sesiones extraordinarias,  a
pedido  de  la  cuarta  parte de sus miembros y por tiempo limitado,
para tratar graves asuntos de interés público. 

     ARTICULO 41. Ambas Cámaras empiezan y concluyen simultáneamente
sus períodos  de  sesiones,  y  ninguna de ellas, mientras se hallen
reunidas, puede suspender las suyas  por  más  de  seis  días sin el
acuerdo de la otra. 

     ARTICULO  42. Las decisiones de las Cámaras son válidas si está
presente la mitad  más  uno  de  sus miembros y son adoptadas por la
mayoría de los presentes, salvo los  casos  en que esta Constitución
prescribe  mayorías  especiales.  En  estos  últimos   supuestos  se
computan los  votos  de  los  presidentes que son miembros  de  los
cuerpos.  
Sin  embargo,  en minoría pueden acordar  las  medidas  que  estimen
necesario  para obtener  el  "  quórum  "  requerido,  inclusive  la
compulsión física  de  los  inasistentes  en los términos y bajo las
sanciones que establezcan los reglamentos;  y  con  no  menos  de la
tercera  parte  de los miembros de la Cámara, en los días ordinarios
de sesión, dar entrada  a  asuntos,  escuchar  informes  o proseguir
deliberaciones  anteriores,  sin  adoptar  resoluciones  de ninguna
naturaleza. 

     ARTICULO 43. Cada Cámara dicta su reglamento, designa y remueve
sus empleados y ejerce la policía de sus locales. 

     ARTICULO  44. Las sesiones de ambas Cámaras son públicas, salvo
que acuerden reunirse en sesión secreta. 

     ARTICULO  45.  Las  Cámaras  tienen  el  derecho de requerir la
asistencia a sus sesiones de los ministros del  Poder Ejecutivo para
suministrar  informes o explicaciones sobre puntos  que  previamente
se les fije. Los  ministros  pueden  excusar  su  asistencia  en  el
primer caso  y  dar por escrito los informes solicitados, no así en
el segundo caso, en  que  deben  concurrir  al  seno de las Cámaras. 

       ARTICULO  46.  Cada  Cámara  puede  designar  comisiones  con
propósitos  de  información e investigación sobre materias o asuntos
de interés público  y  proveerlas  en  cada  caso  de las facultades
necesarias,  las  que  no  pueden  exceder  de  los  poderes  de  la
autoridad judicial, para el desempeño de sus cometidos. 

     ARTICULO  47.  Las  Cámaras  pueden reprimir con arresto que no
exceda de treinta días a toda persona  extraña  al  cuerpo que viole
sus privilegios o altere el orden en sus sesiones, sin  perjuicio de
la    responsabilidad   penal  en  que  aquélla  hubiere  incurrido. 

    ARTICULO 48. Cada Cámara es juez exclusivo de la elección de sus
miembros  y  de  la validez de sus títulos y, con el voto de las dos
terceras  partes  de    los  componentes  del  cuerpo,  resuelve  la
existencia  de  causas  sobrevinientes    de   inelegibilidad  y de
incompatibilidad, sin que, en ambos casos, una  vez  pronunciada  al
respecto, pueda volver su decisión. 

     ARTICULO  49.  Al  recibirse  de  sus  cargos, los legisladores
prestan juramento de desempeñarlo conforme a  la  Constitución  y  a
las leyes. 

     ARTICULO 50. Cada Cámara puede, con el voto de las dos terceras
partes  de  sus  miembros,  corregir  a  cualquiera  de éstos, y aun
excluirlo  de  su seno, por desorden de conducta en el ejercicio  de
sus funciones.  
La inasistencia  a  la  mitad  de las sesiones del período ordinario
determina la cesación en el mandato,  salvo  los casos de licencia o
suspensión en el cargo. 

     ARTICULO 51. Ningún miembro de ambas Cámaras puede ser acusado,
perseguido  o  molestado  por las opiniones o los votos que emita en
el ejercicio de sus funciones.  
Sin autorización de la Cámara  a  que  pertenece,  acordada  por dos
tercios  de  los  votos  de  los  presentes, no puede ser sometido a
proceso penal.  
Sin la misma autorización tampoco puede  ser  detenido,  o de alguna
manera  restringido en su libertad personal, salvo si es sorprendido
en el acto  de  cometer un delito que no fuere excarcelable, en cuyo
caso se comunicará  a  la Cámara respectiva, con sumaria información
del hecho, a fin que resuelva  sobre la inmunidad del detenido. 
La  decisión  de  las  Cámaras  que disponga  la  suspensión  de  la
inmunidad puede comprender también  la suspensión en el ejercicio de
las funciones del cargo. 

     ARTICULO 52. Es incompatible el cargo de diputado o senador con
cualquier  otro  de  carácter  nacional, provincial o municipal, sea
electivo  o  no,  excepto  los  cargos  docentes  y  las  comisiones
honorarias  eventuales  de la Nación,  de  la  Provincia  o  de  los
municipios, que solamente  pueden  ser aceptadas con autorización de
la  Cámara  correspondiente,  o si ésta  estuviere  en  receso,  con
obligación de dar cuenta a ella en su oportunidad.  
Los agentes de la Administración  pública provincial o municipal que
resultaren  elegidos  diputados o senadores  quedan  automáticamente
con licencia, sin goce  de  sueldo,  por  todo el tiempo que dure el
mandato.  
También  es  incompatible el cargo de legislador  con  la  propiedad
personal,  individual    o   asociada,  de  empresas  que  gestionen
servicios por cuenta de la Provincia  o  entidades públicas menores,
o  sean subsidiadas por éstas, y con el desempeño  de  funciones  de
dirección,    administración,    asesoramiento,    representación  o
asistencia  profesional  en empresas ajenas en iguales  condiciones.
  
El legislador que haya aceptado algún  cargo  incompatible  con  el
suyo, queda por ese solo hecho separado de éste. 

     ARTICULO  53.  Los  legisladores  reciben  por sus servicios la
retribución que determine la ley. 

     ARTICULO  54.  Corresponde  a  la  Asamblea  Legislativa:  
1-  Recibir  el  juramento del gobernador y del vicegobernador; 
2- Resolver en caso  de  empate  en  la elección de los mismos; 
3- Decidir sobre las renuncias de dichos  funcionarios y declarar su
inhabilidad  física o mental sobreviniente de  carácter  permanente,
en ambos casos  por  el  voto  de los dos tercios de la totalidad de
los legisladores;  
4- Escuchar el informe anual del  gobernador  sobre el estado de los
negocios  públicos,  en  ocasión de abrirse el período  de  sesiones
ordinarias de las Cámaras;  
5- Prestar el acuerdo requerido  por  esta  Constitución o las leyes
para  la  designación  de  magistrados  o funcionarios,  el  que  se
entenderá prestado si no se expidiese dentro  del  término de un mes
de   convocada  al  efecto  la  Asamblea,  convocatoria  que  debe
realizarse  dentro  del quinto día de recibido el pedido de acuerdo,
o, en caso de nombramientos  en el receso legislativo, de abierto el
período ordinario de sesiones. 

Ref. Normativas: 
Constitución Nacional (1853)

   ARTICULO 55. Corresponde a la Legislatura:  
1-  En  sesión  conjunta  de  ambas  Cámaras,  elegir  senadores  al
Congreso de la Nación;  
2-  Establecer  la  división  política de la Provincia, que no puede
alterarse sin el voto de las dos  terceras partes de los miembros de
las Cámaras, y las divisiones convenientes para su mejor 
administración;  
3- Legislar en materia electoral;  
4-  Dictar las leyes de organización  y  procedimientos  judiciales;
  
5- Organizar  el  régimen  municipal  y  comunal,  según  las  bases
establecidas por esta Constitución;  
6- Legislar sobre educación;  
7-  Crear  las  contribuciones  especificadas en el artículo 5; 
8- Fijar anualmente el presupuesto  de gastos y cálculo de recursos.
En  el  primero  deben  figurar  todos  los    gastos  ordinarios  y
extraordinarios  de  la Provincia,  aun los autorizados  por  leyes
especiales, las que se tendrán por derogadas  si  no  se incluyen en
el presupuesto las partidas para su ejecución.  
La  Legislatura  no  puede aumentar los sueldos y gastos proyectados
por  el Poder Ejecutivo,  salvo  para  la  ejecución  de  las  leyes
especiales,  en  cuanto  no  excedan  el  cálculo  de  recursos.  No
sancionado   en  tiempo  un  presupuesto,  seguirá  en  vigencia  el
anterior en sus  partidas  ordinarias,  hasta  la sanción del nuevo;
  
9-  Aprobar  o  desechar  anualmente  la  cuenta de inversión;  
10- Arreglar el pago de la deuda interna y  externa de la Provincia;
  
11- Aprobar o desechar los convenios celebrados  con la Nación o con
otras provincias;  
12- Autorizar al Poder Ejecutivo para celebrar contratos  y  aprobar
o  desechar  los concluidos " ad-referendum " de la Legislatura.  El
servicio de la  totalidad  de las deudas provenientes de empréstitos
no puede comprometer más de  la cuarta parte de la renta provincial;
  
13-  Establecer  bancos  u  otras  instituciones  de  crédito;  
14- Legislar sobre tierras fiscales;  
15-  Declarar de interés general  la  expropiación  de  bienes,  por
leyes generales o especiales;  
16- Conceder  privilegios  o  estímulos  por  tiempo determinado con
fines de fomento industrial, con carácter general;  
17-  Dictar  leyes  de  protección y fomento de riquezas  naturales;
  
18- Legislar sobre materias de policía provincial;  
19- Dictar los códigos de  faltas,  rural,  bromatológico,  fiscal y
otros  en  que  sea  conveniente  este  tipo  de  legislación;  
20-  Acordar  amnistías  por  delitos  o  infracciones en general de
jurisdicción provincial;  
21- Dictar leyes sobre previsión social;  
22- Conceder subsidios;  
23- Dictar leyes sobre organización de la Administración  pública  y
el  estatuto  de los funcionarios y empleados públicos, que incluya,
entre  otras,  garantías    de    ingreso,  estabilidad,  carrera e
indemnización por cesantía injustificada;  
24- Fijar su presupuesto de gastos;  
25- Convocar a elecciones provinciales  si  el Poder Ejecutivo no lo
hiciese con la anticipación legal, a cuyo fin  puede,  en  su  caso,
convocarse  a  sesiones  extraordinarias  por  acuerdo  propio  y  a
solicitud  de  una cuarta parte de los miembros de cada Cámara; 
26- Conceder o negar,  en  su  caso,  autorización  al  gobernador o
vicegobernador para ausentarse del territorio de la Provincia;  
27-  En  general,  ejercer  la  potestad  legislativa  en  cuanto se
considere necesario o conveniente para la organización y 
funcionamiento de los poderes públicos y para la consecución  de los
fines   de  esta  Constitución,  en  ejercicio  de  los  poderes  no
delegados  al  gobierno  federal,  sin  otras  limitaciones  que las
emergentes de dicha Constitución o de la Nacional. 

     ARTICULO 56. Las leyes pueden tener origen en cualquiera de las
Cámaras  por  proyectos  presentados por sus miembros o por el Poder
Ejecutivo. 

     ARTICULO  57.  Aprobado un proyecto por la Cámara de origen, se
remite para su consideración  a la otra Cámara y, si ésta también lo
aprueba, pasa al Poder Ejecutivo.  
Si el Poder Ejecutivo está conforme,  lo  promulga  como  ley  de la
Provincia y dispone su publicación inmediata.  
Queda  convertido  en ley todo proyecto sancionado por ambas Cámaras
si, comunicado al Poder  Ejecutivo,  éste  no  lo devuelve observado
dentro del plazo de diez días hábiles. 

     ARTICULO 58. Un proyecto de ley desechado totalmente por una de
las Cámaras,  no puede repetirse en las sesiones del mismo año. 
Si solamente es  modificado  por  la Cámara revisora, vuelve a la de
origen, y si ésta acepta las enmiendas  pasa  el  proyecto  al Poder
Ejecutivo.  Si,  por el contrario, no las acepta, el proyecto vuelve
nuevamente a la Cámara  revisora, y si ésta las mantiene con el voto
de las dos terceras partes  de  los presentes, vuelve a la Cámara de
origen, y sólo si ésta insiste en  su  sanción con igual mayoría, se
tienen por rechazadas definitivamente las  modificaciones y aprobado
el proyecto que se comunica al Poder Ejecutivo. 

     ARTICULO 59. Vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder
Ejecutivo,  vuelve  con  sus observaciones a la Cámara de origen, la
que, si en votación nominal  lo  confirma por mayoría de dos tercios
de los votos presentes, lo remite  a  la  Cámara revisora, y si ésta
también se expide de igual manera, el proyecto  queda  convertido en
ley  y  se  comunica  al Poder Ejecutivo para su promulgación.  
Si ambas Cámaras no insisten  con  dicha  mayoría,  el  proyecto  no
puede  repetirse en las sesiones del año. Si el veto ha sido parcial
y las Cámaras  aprueban por simple mayoría las enmiendas propuestas
por el Poder Ejecutivo, el  proyecto, con éstas, queda convertido en
ley.  
La Legislatura debe pronunciarse  sobre  el veto del Poder Ejecutivo
dentro  del  término de un mes de comunicado,  o,  en  su  caso,  de
iniciado  el período ordinario  de  sesiones;  en  su  defecto,  se
considera rechazado el proyecto.  
El veto parcial  de la ley de presupuesto no implica la necesidad de
devolverlo totalmente  a  la  Legislatura y puede promulgarse en las
partes no observadas. 

    ARTICULO 60. Las leyes son obligatorias luego de su publicación.
  
El Poder  Ejecutivo  debe  publicarlas  dentro  de  los ocho días de
promulgadas y, en su defecto, dispone la publicación  el  presidente
de  la  Cámara  que  hubiere  prestado  la  sanción definitiva. 
Las leyes  entran  en  vigor  el  noveno  día siguiente  al  de  su
publicación, salvo que las mismas leyes establezcan  otras fechas al
efecto. 

     ARTICULO  61.  Todo  proyecto  que  no  haya  alcanzado sanción
definitiva  en  dos  períodos  ordinarios  de  sesiones consecutivas
caduca y sólo puede ser nuevamente considerado si  se lo inicia como
nuevo proyecto. 

    ARTICULO 62. El Poder Ejecutivo es ejercido por un ciudadano con
el título  de  gobernador  de  la Provincia y, en su defecto, por un
vicegobernador,  elegido al mismo  tiempo,  en  igual  forma  y  por
idéntico período que el gobernador. 

     ARTICULO  63.  Para  ser elegido gobernador o vicegobernador se
requiere ser ciudadano argentino  nativo  o hijo de ciudadano nativo
si hubiere nacido en país extranjero y tener,  por lo menos, treinta
años de edad y dos años de residencia inmediata  en  la Provincia si
no hubiere nacido en ésta. 

    ARTICULO 64. EL gobernador y vicegobernador duran cuatro años en
el ejercicio  de  sus  funciones,  sin  que  evento  alguno autorice
prórroga  de ese término, y no son elegibles para el mismo  cargo  o
para  el  otro   sino  con  intervalo,  al  menos,  de  un  período. 

     ARTICULO 65. Al tomar posesión de sus cargos el gobernador y el
vicegobernador  prestan  juramento  de  desempeñarlo  conforme  a la
Constitución  y  a  las  leyes,  ante  el  presidente de la Asamblea
Legislativa, en sesión especial de ésta, o,  en  su defecto, ante el
presidente de  la Corte Suprema de Justicia, reunido  este  cuerpo. 

     ARTICULO  66. El vicegobernador reemplaza al gobernador en caso
de muerte, destitución,  renuncia  o  inhabilidad  física  o  mental
sobreviniente de éste, por el resto del período legal; y en caso  de
enfermedad,  ausencia  o suspensión en tanto el impedimento no cese. 

     ARTICULO  67.  En  caso  de  muerte,  destitución,  renuncia  o
inhabilidad  física  o  mental  sobreviniente  del vicegobernador en
ejercicio    del    Poder  Ejecutivo,  lo  sustituye  el  presidente
provisional del Senado  mientras se procede a nueva elección, la que
no  puede recaer  en  este  último,   para  completar  período.  La
convocatoria  debe  hacerse  dentro del plazo  de  diez  días  y  la
elección realizarse en término  no mayor de noventa días. No procede
nueva elección si el resto del período  no excede de un año y medio.
El  vicegobernador  en ejercicio es igualmente  reemplazado  por  el
presidente provisional  del Senado en caso de enfermedad, ausencia o
suspensión, mientras no cese el impedimento. 

     ARTICULO  68.  El  gobernador y vicegobernador en desempeño del
Poder Ejecutivo residen en  la  capital de la Provincia, pero pueden
permanecer  fuera  de ella, dentro  del  territorio  provincial,  en
ejercicio de sus funciones,  por  un  término  que, en cada caso, no
exceda de treinta días.  
No pueden ausentarse del territorio de la Provincia,  por  un  plazo
mayor  de  diez  días, sin la autorización de la Legislatura; ni, en
todo caso, del territorio  de  la  República  sin  esa autorización.
  
En  el  receso de las Cámaras, y siendo necesario el permiso  previo
pueden ausentarse  sólo  por  un motivo urgente de interés público y
por el tiempo indispensable, comunicando  a  aquéllas oportunamente. 

     ARTICULO  69.  El  gobernador  y vicegobernador reciben por sus
servicios la retribución que fije la ley. 

     ARTICULO  70.  El  gobernador  y  vicegobernador  son  elegidos
directamente  por el pueblo de la Provincia, a simple pluralidad  de
sufragios.  
La elección debe  realizarse  con  una  antelación  no mayor de seis
meses ni menor de tres.  
En  caso  de  empate,  decide, en una sola sesión y sin debate,  por
mayoría absoluta de los  miembros presentes, la Asamblea Legislativa
surgida de la misma elección. 

    ARTICULO 71. Si antes de ocupar el cargo muriere o renunciare el
ciudadano    electo   gobernador,  lo  reemplaza  el  vicegobernador
conjuntamente elegido. 

   ARTICULO 72. El gobernador de la Provincia:  
1-    Es  el  jefe  superior  de  la  Administración  Pública;  
2- Representa  a  la Provincia en sus relaciones con la Nación y con
las demás provincias;  
3-  Concurre  a  la  formación  de  las  leyes  con  las facultades
emergentes, a tal respecto, de esta Constitución;  
4- Expide reglamentos  de  ejecución  y  autónomos,  en  los límites
consentidos  por  esta  Constitución y las leyes, y normas de  orden
interno;  
5-  Provee,  dentro  de  los  mismos  límites,  a  la organización,
prestación  y  fiscalización    de   los  servicios  públicos;  
6- Nombra y remueve a los ministros,  funcionarios y empleados de la
Provincia, con arreglo a la Constitución  y a las leyes, siempre que
el  nombramiento  o  remoción  no  competa  a otra  autoridad;  
7- Provee en el receso de las Cámaras, las vacantes  de  cargos  que
requieren  acuerdo legislativo, que solicitará en el mismo acto a la
Legislatura;  
8- Presenta  a  la  Legislatura,  antes  del 30 de setiembre de cada
aÑo,  el  proyecto de presupuesto general de  gastos  y  cálculo de
recursos de  la  Provincia  y  de  las  entidades  autárquicas; 
9- Presenta anualmente a la Legislatura la cuenta de  inversión  del
ejercicio anterior;  
10-  Hace  recaudar  y  dispone  la  inversión de los recursos de la
Provincia con arreglo a las leyes respectivas;  
11- Celebra contratos con autorización  o  "  ad-referendum  " de la
Legislatura;  
12-  Concluye convenios o tratados con la Nación y otras provincias,
con aprobación  de  la  Legislatura  y conocimiento, en su caso, del
Congreso Nacional;  
13- Informa a la Legislatura, al abrirse  las  sesiones  ordinarias,
sobre  el  estado  general  de  la  Administración,  y  aconseja las
reformas o medidas que estima convenientes;  
14-  Convoca  a  sesiones  extraordinarias  de  la  Legislatura   de
conformidad a esta Constitución;  
15-    Efectúa  las  convocatorias  a elecciones  en  los  casos  y
oportunidades legales;  
16- Indulta  o  conmuta  penas  impuestas  dentro de la jurisdicción
provincial, con informe previo de la Corte Suprema  de  Justicia. No
puede  ejercer  esta  facultad  cuando se trate de delitos cometidos
por  funcionarios  o empleados públicos  en  el  ejercicio  de  sus
funciones;  
17- Dispone de las fuerzas  policiales  y  presta  su  auxilio  a la
Legislatura,  a  los  tribunales  de  justicia  y a los funcionarios
provinciales, municipales o comunales autorizados  por  la  ley para
hacer uso de ella;  
18-  Resuelve  los  recursos  administrativos que se deduzcan contra
sus  propios actos, los de sus inferiores  jerárquicos  y  entidades
autárquicas de la Administración provincial; y  
19- Hace  cumplir  en la Provincia, en su carácter de agente natural
del gobierno federal,  la  Constitución  y  las  leyes de la Nación. 

Ref. Normativas: 
Constitución Nacional (1853)

     ARTICULO  73.  El despacho de los asuntos que incumben al Poder
Ejecutivo está a cargo  de  ministros  designados por el gobernador,
en  el  número y con las funciones, en los  respectivos  ramos,  que
determine una ley especial.  
Al recibirse  de  sus cargos prestan juramento ante el gobernador de
desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes. 

    ARTICULO 74. Para ser ministro se requieren las mismas calidades
que  para ser diputado y le comprenden las mismas incompatibilidades
de los legisladores. 

   ARTICULO 75. Los ministros refrendan con su firma las 
resoluciones  del gobernador, sin la cual éstas carecen de eficacia.
Sólo pueden resolver  por  sí  mismos  en lo concerniente al régimen
administrativo  interno de sus respectivos  departamentos  y  dictar
providencias de trámite. 

    ARTICULO 76. Sin perjuicio de las facultades de las Cámaras a su
respecto,  los  ministros  tienen  el  derecho  de  concurrir  a las
sesiones  de  aquéllas  y  participar en sus deliberaciones, pero no
votar.  
Dentro  de  los  treinta  días posteriores  a  la  apertura  de las
sesiones  ordinarias  de  la  Legislatura,    los   ministros  deben
presentar a ésta una memoria detallada del estado de la 
administración  de  los  asuntos  de  sus  respectivos  ministerios. 

     ARTICULO 77. Los ministros son responsables de las resoluciones
que autoricen  y  solidariamente  de las que refrenden conjuntamente
con sus colegas. 

     ARTICULO  78.  Los ministros pueden ser removidos de sus cargos
por  el  gobernador,  que   también  decide  sus  renuncias,  y  ser
sometidos a juicio político. 

    ARTICULO 79. En los casos de vacancia o de cualquier impedimento
de un  ministro, los actos del gobernador pueden ser refrendados por
algunos de sus colegas. 

     ARTICULO  80.  Los  ministros  reciben  por  sus  servicios  la
retribución que fije la ley. 

    ARTICULO 81. Un Tribunal de Cuentas, con jurisdicción en toda la
Provincia,  tiene  a su cargo, en los casos y en la forma que señale
la ley, aprobar o desaprobar  la  percepción e inversión de caudales
públicos  y  declarar  las  responsabilidades   que  resulten.  
Los  miembros del  Tribunal  de  Cuentas  duran seis  años  en  sus
funciones, son nombrados por el Poder Ejecutivo  con  acuerdo  de la
Asamblea  Legislativa  y  pueden  ser removidos según las normas del
juicio político.  
Los fallos del Tribunal de Cuentas  son susceptibles de los recursos
que la  ley  establezca ante la Corte Suprema  de  Justicia  y  las
acciones a que  dieren lugar deducidas por el Fiscal de Estado. 
El  contralor  jurisdiccional    administrativo   se  entenderá  sin
perjuicio  de la atribución de otros órganos de examinar  la  cuenta
de inversión,  que contarán previamente con los juicios del Tribunal
de Cuentas. 

     ARTICULO  82.  El Fiscal de Estado es el asesor legal del Poder
Ejecutivo, tiene a su  cargo  la  defensa  de  los  intereses  de la
Provincia  ante  los  tribunales  de  justicia  en los casos y en la
forma que establecen la Constitución o las leyes,  y  desempeña  las
demás funciones que éstas le encomiendan.  
El  Fiscal de Estado es designado por el Poder Ejecutivo con acuerdo
de la  Asamblea  Legislativa, debe reunir las condiciones requeridas
para ser miembro de  la Corte Suprema de Justicia y tiene las mismas
incompatibilidades  y  prohibiciones  que los  miembros  del  Poder
Judicial.  
El Fiscal de Estado ejerce  sus  funciones  durante  el  período del
gobernador que lo ha designado, sin perjuicio de ser renombrado,  es
inamovible  y  puede  ser  removido sólo según las normas del juicio
político. 

     ARTICULO  83.  El  Poder  Judicial de la Provincia es ejercido,
exclusivamente,  por  una  Corte Suprema  de  Justicia,  cámaras  de
apelación, jueces de primera  instancia  y demás tribunales y jueces
que establezca la ley.  
Sin  embargo,  la  ley  puede  instituir  tribunales colegiados  de
instancia única. 

     ARTICULO  84.  La Corte Suprema de Justicia se compone de cinco
ministros como mínimo y de un procurador general.  
Las cámaras de apelación  se  integran  con no menos de tres vocales
y, en su caso, pueden ser divididas en salas. 

     ARTICULO  85. Para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia,
vocal  o  fiscal  de  las  cámaras  de  apelación  se  requiere  ser
ciudadano argentino,  poseer  título  de  abogado  y  tener,  por lo
menos,  treinta  aÑos de edad, diez de ejercicio de la profesión  de
abogado o de la magistratura  y  dos años de residencia inmediata en
la Provincia si no hubiere nacido en ésta.  
Para  ser  juez  de  primera instancia  se  requiere  ser  ciudadano
argentino,  poseer  título    de  abogado  y  tener,  por  lo  menos
veinticinco aÑos de edad, cuatro  de ejercicio de la profesión o de
la  función judicial como magistrado o funcionario  y  dos  años  de
residencia  inmediata  en la Provincia si no hubiere nacido en ésta.
  
La ley fija las condiciones  exigidas  para  los  jueces creados por
ella. 

     ARTICULO  86. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, los
vocales  de  las cámaras  de  apelación  y  los  jueces  de  primera
instancia son  designados  por  el Poder Ejecutivo con acuerdo de la
Asamblea Legislativa.  
La ley determina la forma de designación  de  los jueces creados por
ella. 

    ARTICULO 87. Los magistrados y funcionarios de la administración
de justicia prestan juramento, al asumir sus cargos, de 
desempeñarlos conforme a la Constitución y a las leyes. 

     ARTICULO  88.  Los  magistrados  y  funcionarios del ministerio
público  son  inamovibles mientras conserven  su  idoneidad  física,
intelectual y moral  y  el  buen desempeño de sus funciones. Cesa su
inamovilidad  a  los sesenta y  cinco  años  de  edad  si  están  en
condiciones de obtener jubilación ordinaria.  
No  pueden  ser ascendidos  ni  trasladados  sin  su  consentimiento
previo.  
Perciben  por  sus  servicios  una  retribución  que  no  puede  ser
suspendida  ni  disminuída  sino  por  leyes  de  carácter general y
transitorio, extensivas a todos los Poderes del Estado. 

    ARTICULO 89. Los miembros del Poder Judicial no pueden actuar de
manera alguna en política.  
Los  magistrados y funcionarios no pueden ejercer profesión o empleo
alguno,  salvo  la  docencia  en materia jurídica, las comisiones de
carácter honorario, técnico y transitorio  que  les  encomienden  la
Nación,  la  Provincia  o  los municipios, y la defensa en juicio de
derechos  propios,  de su cónyuge  o  de  sus  hijos  menores.  
La  ley  determina  las    incompatibilidades    de  los  empleados. 

     ARTICULO  90.  Los  magistrados, funcionarios y empleados de la
administración  de  justicia    deben  residir  en  el  lugar  donde
desempeñan  sus  funciones,  exceptos  los  ministros  de  la  Corte
Suprema de Justicia. 

     ARTICULO 91. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia están
sujetos al juicio político.  
Los demás jueces nombrados con acuerdo legislativo son 
enjuiciables,  en  la forma que establezca una ley especial, ante la
Corte Suprema de Justicia,  integrada  a  ese  sólo  efecto por  un
senador, un diputado y dos abogados de la matrícula. 

   ARTICULO 92. La Corte Suprema de Justicia:  
1- Representa al Poder Judicial de la Provincia;  
2-  Ejerce  la  superintendencia  general  de  la  administración de
justicia, que puede parcialmente delegar, de acuerdo  con  la ley, y
la consiguiente potestad disciplinaria;  
3- Dicta  los  reglamentos  y  disposiciones que conduzcan al mejor
desempeño de la función judicial;  
4- Dispone, según normas propias,  de  las partidas para inversiones
y gastos de funcionamiento asignadas al  Poder  Judicial  por la ley
de presupuesto, sin perjuicio de rendir cuentas;  
5-  Propone  al Poder Ejecutivo, previo concurso, la designación  de
los funcionarios  y empleados de la administración de justicia, y la
remoción  de  los  magistrados  sin  acuerdo  legislativo  y  la  de
aquéllos, conforme a la ley;  
6- Envía a los poderes  legislativos  y ejecutivo  un informe anual
sobre el estado de la administración de justicia;  
7-   Propone  en  cualquier  tiempo  reformas  de  organización    o
procedimiento  encaminadas  a mejorar la administración de justicia;
y  
8- Ejerce las demás funciones que le encomiende la ley. 

   ARTICULO 93. Compete a la Corte Suprema de Justicia, 
exclusivamente, el conocimiento y resolución de:  
1-  Los  recursos de inconstitucionalidad que se deduzcan contra las
decisiones  definitivas de los tribunales inferiores, sobre materias
regidas por esta Constitución;  
2- Los recursos  contencioso-administrativos sometidos a su decisión
en los casos y modos que establezca la ley;  
3- Los juicios de  expropiación  que  promueva  la  Provincia;  
4-  Los  recursos  de  revisión  de  sentencias dictadas en procesos
criminales, en los casos autorizados por la ley;  
5- Las contiendas de competencia que se  susciten entre tribunales o
jueces  de  la  Provincia  que  no  tengan un superior  común;  
6- Los conflictos de atribuciones planteados  entre funcionarios del
Poder Ejecutivo y del Poder Judicial;  
7-  Los  juicios  de responsabilidad civil contra  los  magistrados
judiciales;  
8- Los recursos contra  las  decisiones  del  Tribunal de Cuentas en
los casos y modos que establezca la ley; y  
9- Los incidentes de recusación de sus propios miembros. 

   ARTICULO 94. Los demás tribunales y jueces ejercen la 
jurisdicción    contenciosa  y  voluntaria,  que  corresponda  a  la
Provincia, con las  competencias  que  establezca  la ley. Asimismo,
las funciones de otra índole que ésta les encomiende. 

     ARTICULO 95. Las sentencias y autos interlocutorios deben tener
motivación suficiente, so pena de nulidad. 

     ARTICULO  96.  Los  tribunales y jueces tienen la obligación de
fallar  las  causas  dentro de  los  plazos  legales  y  el  retardo
reiterado no justificado  importa  mal desempeño a los efectos de la
remoción. 

     ARTICULO  97. La administración de justicia se rige por una ley
reglamentaria de  su  organización  y por códigos que determinen sus
modos de proceder. 

      ARTICULO  98.  Pueden  ser  sometidos  a  juicio  político  el
gobernador    y  sus  sustitutos  legales  en  ejercicio  del  Poder
Ejecutivo, los  ministros de éste, el Fiscal de Estado, los miembros
de la Corte Suprema  de  Justicia  y los del Tribunal de Cuentas, de
conformidad con las disposiciones de  esta  Constitución y de la ley
reglamentaria que se dicte. 

     ARTICULO  99.  A  la  Cámara  de  Diputados compete, a petición
escrita  y  fundada  de  alguno  de  sus  miembros  o  de  cualquier
habitante de la Provincia, la facultad de acusar  ante  el  Senado a
los funcionarios anteriormente mencionados por mal desempeño  de sus
funciones, delito  cometido  en  el  ejercicio  de éstas o crímenes
comunes. 

    ARTICULO 100. La acusación no se hará sin previa averiguación de
la verdad  de  los hechos por la comisión permanente respectiva, con
citación y audiencia  del acusado, y declaración de haber lugar a la
formación de causa por  las  dos  terceras  partes  de  los miembros
presentes de la Cámara.  
Si  la  comisión  o,  en  su  caso, la Cámara no se expidiese en  el
término  de  noventa días útiles  correspondientes  a  los  períodos
ordinarios de  sesiones  o  de  prórroga,  caducarán las actuaciones
respectivas, inclusive la petición.  
Admitida  la acusación, la Cámara designará una  Comisión  para  que
sostenga  la    acusación  ante  el  Senado  y  podrá  suspender  al
funcionario acusado  por  las  dos  terceras  partes de sus miembros
presentes.  
Si    se    desechara  una  petición  de  acusación  manifiestamente
temeraria, se aplicará  al  particular  peticionante  la sanción de
multa o arresto que establezca la reglamentación. 

     ARTICULO 101. Corresponde a la Cámara de Senadores juzgar a los
acusados  por  la  Cámara  de  Diputados,  a  cuyo  fin  aquélla  se
constituye  en  tribunal, dentro del plazo que señale la ley, previo
juramento, en cada  caso,  de  sus miembros, de resolver la causa en
justicia según su conciencia.  
Cuando el acusado es el gobernador  o  alguno  de  sus reemplazantes
legales en ejercicio, el presidente de la Corte Suprema  de Justicia
preside la Cámara juzgadora, pero sin voto en el fallo. 

     ARTICULO  102.  Formulada  la acusación, el Senado sustancia el
juicio con arreglo a la ley, que  debe  asegurar  amplia  defensa al
acusado.  
En  ningún  caso  el  juicio  puede  durar  más  de tres meses. 
Vencido este término sin que hubiere recaído sentencia,  el acusado
queda  absuelto y, en su caso, reintegrado por ese solo hecho a  sus
funciones. 

     ARTICULO  103. Ningún acusado puede ser declarado culpable sino
por el voto de las  dos terceras partes de los miembros presentes de
la Cámara. La votación será nominal.  
El fallo condenatorio  sólo dispone la destitución del acusado y aún
su inhabilitación para ocupar  cargos  de  la  Provincia  por tiempo
determinado  sin perjuicio de la responsabilidad del condenado  ante
la justicia ordinaria.  
El fallo absolutorio  importa,  en  su  caso,  el reintegro de pleno
derecho del acusado al ejercicio de sus funciones. 

     ARTICULO  104.  Cuando  el  enjuiciado  sea  el gobernador o su
reemplazante legal o un ministro del Poder Ejecutivo,  las  mayorías
de  dos tercios prescriptas en los artículos anteriores se computará
sobre la totalidad de los miembros de las Cámaras. 

     ARTICULO  105.  A  los  efectos  de asegurar la continuidad sin
interrupciones del juicio político, las  Cámaras  pueden prorrogar a
ese  solo  fin sus sesiones ordinarias o ser convocadas  a  sesiones
extraordinarias  por  acuerdo  propio  y  a  solicitud de una cuarta
parte de los miembros de cada Cámara. 

     ARTICULO  106.  Todo  núcleo  de  población  que constituya una
comunidad  con  vida  propia  gobierna  por  sí mismo sus  intereses
locales con arreglo a las disposiciones de esta  Constitución  y  de
las leyes que se sancionen.  
Las  poblaciones  que tengan más de diez mil habitantes se organizan
como municipios por  ley  que  la  Legislatura dicte en cada caso, y
las que no reúnan tal condición como comunas.  
La ley fija la jurisdicción territorial  de  municipios  y comunas y
resuelve  los  casos  de  fusión  o  segregación  que  se  susciten. 

    ARTICULO 107. Los municipios son organizados por la ley sobre la
base:  
1-  de    un  gobierno  dotado  de  facultades  propias,  sin  otras
ingerencias  sobre su condición o sus actos que las establecidas por
esta Constitución y la ley;  
2- constituido  por  un  intendente municipal, elegido directamente
por  el  pueblo  y  por  un período de cuatro  años,  y  un  Concejo
Municipal,  elegido  de  la  misma    manera,    con  representación
minoritaria, y renovado bianualmente por mitades; y  
3- con las atribuciones necesarias para una eficaz  gestión  de  los
intereses  locales,  a  cuyo  efecto la ley los proveerá de recursos
financieros suficientes.  
A este último fin, pueden crear,  recaudar  y disponer libremente de
recursos  propios provenientes de las tasas y  demás  contribuciones
que establezcan  en su jurisdicción. Tienen, asimismo, participación
en gravámenes directos  o  indirectos  que recaude la Provincia, con
un  mínimo  del  cincuenta  por  ciento del producido  del  impuesto
inmobiliario, de acuerdo con un régimen  especial  que asegure entre
todos ellos una distribución proporcional, simultánea  e  inmediata.
  
Estas  mismas  normas  fundamentales  rigen  para  las  comunas,  de
acuerdo  con  su  ley  orgánica propia, con excepción de su forma de
gobierno, el cual está a  cargo  de  una  Comisión  Comunal, elegida
directamente  por  el  cuerpo electoral respectivo, y renovada  cada
dos años en su totalidad.  
Queda facultada la Legislatura  para cambiar con carácter general el
sistema de elección de los intendentes  por  cualquier  otro modo de
designación. 

     ARTICULO  108.  La  Provincia  puede  intervenir por ley, o por
decisión  del  Poder  Ejecutivo,  en receso de la  Legislatura,  con
cargo de dar cuenta inmediata a ésta,  los  municipios  y  comunas a
los  solos efectos de constituir sus autoridades en caso de acefalía
total,  o de normalizar una situación institucional subvertida. 
En el caso  de  intervención  por resolución del Poder Ejecutivo, la
Legislatura  puede hacerla cesar  al  examinar  los  fundamentos  de
aquélla. 

     ARTICULO 109. El Estado provincial provee al establecimiento de
un sistema  de  educación preescolar y elemental y puede organizar y
proteger también  la  enseñanza  secundaria,  técnica y superior. La
educación  impartida en los establecimientos oficiales  es  gratuita
en todos sus grados.  
La educación  preescolar  tiene  por  objeto  guiar adecuadamente al
niño  en  sus  primeros años, en función complementaria  del  hogar.
  
La educación elemental  es  obligatoria  e  integral  y  de carácter
esencialmente  nacional.  Cumplido  el ciclo elemental, la educación
continúa siendo obligatoria en la forma  y  hasta  el límite de edad
que establezca la ley.  
La  educación secundaria tiende a estimular y dirigir  la  formación
integral  del  adolescente.  La  normal  propende  a la formación de
docentes capacitados para actuar de acuerdo con las  características
y  las  necesidades  de  las  distintas zonas de la Provincia.  
La  educación  técnica  tiene  en  cuenta    los  grandes  objetivos
nacionales y se orienta con sentido regional referida 
preferentemente a las actividades agrícolas, ganaderas e 
industriales de la zona.  
La  Provincia presta particular atención a la educación  diferencial
de los  atípicos  y  a  la  creación  de  escuelas  hogares en zonas
urbanas y rurales. 

     ARTICULO  110.  Los  padres de familia e instituciones privadas
pueden  crear  escuelas  u otros  institutos  de  educación  en  las
condiciones que determine la ley.  
La  educación  que  se  imparta  en  los  establecimientos  privados
desarrollará, como mínimo,  el  contenido de los planes de estudios
oficiales  y  se  identificará con los objetivos  nacionales  y  los
principios de esta Constitución.  
Queda garantido a los  padres el derecho de elegir para sus hijos el
establecimiento educativo de su preferencia. 

     ARTICULO 111. La Provincia establece institutos que investiguen
y orienten  la  vocación  de  los  adolescentes  hacia  una elección
profesional adecuada.  
Procura,    asimismo,   que  los  alumnos  que  acrediten  vocación,
capacidad  y  méritos,  dispongan  de  los  medios necesarios  para
alcanzar los más altos grados de la educación.  
Arbitra igualmente las medidas  que  fueren  menester para impedir o
combatir la deserción escolar. 

     ARTICULO  112.  El  Estado  estimula  la formación de entidades
privadas  de  cooperación  con los institutos educativos  oficiales. 

     ARTICULO 113. La Provincia destina recursos suficientes para el
sostenimiento,  difusión  y  mejoramiento  de  los  establecimientos
educativos del Estado.  
La  ley  asegura  al  docente  un régimen de ingreso, estabilidad  y
carrera  profesional según sus méritos  y  estimula  y facilita  su
perfeccionamiento técnico y cultural. 

     ARTICULO  114. Esta Constitución no puede ser reformada sino en
virtud de una ley  especial,  sancionada  con  el  voto  de  las dos
terceras  partes  de  los  miembros  de  cada Cámara, que declare la
necesidad  de  la  reforma;  y  si  fuere  vetada,  su  promulgación
requiere la  insistencia  legislativa  por  igual    mayoría.  
La ley determina si la reforma debe ser total o parcial  y,  en este
último  caso,  los  artículos  o la materia que hayan de reformarse.
  
La  reforma  se  hará  por  una Convención  compuesta  de  diputados
elegidos directamente por el  pueblo  en  número  igual  al  de  los
miembros del Poder Legislativo.  
Para  ser  convencional  se  requieren las mismas calidades que para
ser  diputado  a  la  Legislatura.   El  cargo  de  convencional  es
compatible  con  cualquier otro nacional,  provincial o  municipal.
  
Los convencionales  gozan  de  las mismas inmunidades y remuneración
de los legisladores, mientras ejerzan sus funciones. 

     ARTICULO  115.  La  ley especial que declare la necesidad de la
reforma debe determinar, asimismo,  las  bases  fundamentales  de la
elección,  instalación y término de la Convención Reformadora. Queda
reservada a  ésta todo lo concerniente a su ordenamiento interno. La
Convención puede  prorrogar el término de su duración una sola vez y
por la mitad del plazo fijado por la ley.  
Si vencido el plazo  legal  de  duración la Convención no se hubiera
expedido  sobre  todos  los  puntos  susceptibles   de  reforma,  se
entenderá  que  ésta  no  se  ha  producido  en  parte alguna.  
En los casos de reforma parcial la Convención no puede  pronunciarse
sino  sobre  los artículos o la materia designados por la ley.  
La  Convención    no  está  obligada  a  modificar  o  suprimir  las
disposiciones de la  Constitución  si  considera  que  no  existe la
necesidad de la reforma declarada por la ley. 

     ARTICULO 116. Con el carácter de transitorias se observarán las
disposiciones siguientes:  
1-  A  los  efectos  de  unificar  los  mandatos  legislativos  cuya
duración  regla  esta  Constitución,  dispónese  lo  siguiente: 
a) La próxima renovación de diputados se hará de conformidad  con lo
que  establece  la  Constitución de 1900/1907, por el término de dos
años, de modo que los  electos  en el año 1964 terminen sus mandatos
el 30 de abril de 1966;  
b) La renovación del tercio de senadores  que  corresponda  hacer en
1964  se  hará por el término de dos años, de modo que caduquen  sus
mandatos el 30 de abril de 1966;  
c) La renovación  de  los  dos  tercios de senadores que corresponda
hacer  en  1966  se  hará de conformidad  con  las  normas  de  esta
Constitución;  
d) La renovación del tercio  de  senadores  que corresponda hacer en
1968  se  hará por el término de dos años, de modo  que  caduque  su
mandato el 30 de abril de 1970;  
2- La actual  estructura  del  Poder  Judicial se mantendrá hasta la
sanción  de las modificaciones de su ley  orgánica  necesarias  para
adaptarlas  a  esta Constitución y designación de los miembros de la
Corte Suprema de  Justicia.  Dicha ley se dictará en un plazo que no
exceda  de  tres  meses.  Los  mandatos    de  los  actuales  jueces
subsistirán hasta la finalización del período  para  el  cual fueron
designados y la inamovilidad que establece esta Constitución  regirá
para los que se designen en lo sucesivo;  
3-  Los  concejales  de los municipios que se elijan en 1963 durarán
en sus cargos hasta el  30  de  abril de 1966 y los que se elijan en
1964 durarán hasta la misma fecha.  
En  las  primeras elecciones de renovación  legislativa  provincial,
los intendentes  municipales  serán  elegidos  de conformidad a esta
Constitución  y  durarán en sus funciones por el término  que  falte
para completar el  período  de gobierno bajo el cual se realicen las
elecciones;  
La Legislatura solo podrá usar  de  la  facultad  que  le acuerda el
último  párrafo  del  artículo 107, una vez que se haya cumplido  un
período  completo  de  mandato    electivo    del  intendente.  
4-  Mientras  la  Legislatura  no  sancione  el  estatuto    de  los
funcionarios  y empleados públicos, toda cesantía injustificada  de
los  mismos le dará  derecho  a  una  indemnización  equivalente  al
importe  de  doce meses del sueldo mensual que perciba en el momento
de la cesantía.  
5- Esta Constitución entrará en vigencia a partir de su 
publicación, dispuesta por esta Convención.  
El Gobernador  de  la  Provincia  jurará  esta  Constitución ante la
Convención  reformadora que, a este sólo efecto, podrá  reunirse  en
minoría. Los  presidentes  de las Cámaras Legislativas lo harán ante
los  cuerpos  respectivos en la  primera sesión  que  realicen  con
posterioridad a  la  vigencia  de  aquélla  y  los  miembros de cada
cuerpo  ante su presidente. El Presidente del Superior  Tribunal  de
Justicia  y  el de la Cámara de Apelaciones prestarán juramento ante
los  respectivos  cuerpos  y  recibirán  el  de  los magistrados  y
funcionarios. La falta de cumplimiento de los juramentos 
prescriptos  determinará  la  cesación  inmediata  en  su  mandato o
función a los que se negaren a prestarlos. 

Ref. Normativas: 
Constitución de Santa Fé