Frente a temas como «aporte solidario» y «reforma judicial», el oficialismo sigue considerando riesgoso una sesión con más de 200 legisladores y empleados.
Las diferencias sobre el alcance de la ‘presencialidad’ entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, tras haberse acordado ampliar a esa modalidad de sesionar en la última renovación del protocolo, llevaron al oficialismo de la Cámara de Diputados a aplazar los debates en el plenario de proyectos como el Aporte Solidario o la reforma judicial, con el fin de evitar un nuevo escenario controvertido en lo inmediato.
Ante el pedido formulado la última semana por la principal bancada opositora para que los debates sobre el Presupuesto 2021 y el Aporte Solidario y Extraordinario a los grandes patrimonios se realicen de forma presencial (con registro informático), el oficialismo resolvió postergar ambos tratamientos para octubre, posiblemente en una misma sesión a realizarse en la semana del 15.
Sin embargo, más allá de lo acordado en la renovación del protocolo del pasado martes 8, la mayoría de los diputados del Frente de Todos y varios de los integrantes de bloques minoritarios continúan considerando «riesgoso» hacer una sesión con más de 200 diputados en un mismo lugar, sumando a ello los empleados legislativos necesarios.
En aquella jornada de consenso todas las fuerzas de la Cámara aceptaron que se continúe con las sesiones mixtas -algunos diputados presentes y otros vía zoom- y, a pedido de Juntos por el Cambio, se dio aval para que, en caso de que para algún tema específico lo pidan al menos 10 diputados, la Presidencia de la Cámara deba convocar a sesionar en forma presencial. Para cumplir ese objetivo las autoridades de la Cámara tenían la posibilidad de adaptar el propio recinto -que según los protocolos sanitarios actuales permite la presencia de 47 diputados, con margen de ampliarse a 95- o buscar algún lugar alternativo de mayor capacidad (teatro, estadio, centro cultural).
En Juntos por el Cambio imaginaban a los dos proyectos mencionados, más las reformas judicial y previsional, debatidos con la mayoría de los 257 diputados que integran el cuerpo en un amplio lugar adaptado para tal fin, anclados en el argumento de que «si los repositores de supermercados y los enfermeros tienen que ir a trabajar todos los días, como no vamos a venir a los diputados».
Para ello, en el acuerdo de renovación del protocolo dejaron sentado que sólo podrán trabajar de modo remoto «aquellos diputados que conforman grupos de riesgo, de acuerdo a lo establecido por las normas del Aislamiento Social».
Sin embargo, el Frente de Todos logró incluir en la redacción del texto que también podrán trabajar desde sus casas «los diputados que por nota fundada así lo soliciten a la presidencia de la Cámara».
Según fuentes parlamentarias, el concepto de ‘fundada’ alcanza a aquellos diputados que consideren riesgoso viajar, por el hecho de atravesar varias provincias para llegar a Buenos Aires y por los procedimientos posteriores, como hisopados o aislamiento.
Así, desde Juntos por el Cambio advierten una posible avalancha de ‘notas fundadas’ por parte de diputados oficialistas y de algunos partidos provinciales, y temen que su ansiada sesión presencial se reduzca a un centenar de los suyos presentes y aun puñado de integrantes del Frente de Todos, necesarios para controlar el desarrollo de la misma.
«Logramos acordar que si ellos -JxC- quieren venir de manera presencial lo hagan y que si nosotros, claramente no podemos venir presencial, podemos estar remoto», interpretó al término de aquella reunión la secretaria parlamentaria del Frente de Todos, Cristina Alvarez Rodríguez, dejando en claro la postura de su bloque.
Para el oficialismo tiene un peso fundamental la postura de los trabajadores legislativos, que ya advirtieron que prefieren no someterse a situaciones riesgosas «cuando quedó demostrado que las sesiones remotas funcionan muy bien», según coincidieron desde los cuatro gremios con participación en el Congreso.
En estos elementos se basa el Frente de Todos para idear el aplazamiento y la posibilidad de unificar en las mismas jornadas el tratamiento de los temas de Juntos por el Cambio quiere debatir «en vivo»‘.
Advertidos sobre la posible postura del Frente de Todos y de diputados de otros bloques minoritarios, desde Juntos por el Cambio no descartaron «llevar el tema a la Justicia si se produce un éxodo deliberado o una ausencia masiva» a la solicitada sesión presencial.
Ponen a ese posible hecho en línea con la polémica y judicializada sesión del 1 de septiembre, en la que el Frente de Todos, en reunión mixta y con el respaldo del resto de los bloques opositores, aprobó la ley de auxilio al turismo, con los diputados de Juntos por el Cambio pidiendo desde sus bancas la impugnación del debate por entender que debía ser presencial.
Sostenían ese argumento en que tras ocho horas de reunión de presidentes de bloque, el oficialismo había acordad renovar el protocolo de sesiones mixtas con la anuencia del resto de las bancadas y sin el acuerdo de ellos.
Finalmente, una semana después, el martes 8 llegó el consenso y la nueva modalidad ‘mixta-presencial a demanda’ se sumó a la ‘mixta-virtual’ vigente, aunque la redacción del acta dejo lugar las interpretaciones que presagian una nueva polémica reglementaria.
